Comienza la cuenta atrás de la factura electrónica obligatoria: el BOE fija octubre de 2027 y 2028

La Orden HAC/1028/2026 regula la solución pública y gratuita de la Agencia Tributaria y pone en marcha los plazos del Real Decreto 238/2026. Las empresas con un volumen de operaciones superior a 8 millones de euros tienen un año para adaptarse; el resto, dos.

Ya hay fecha. El Boletín Oficial del Estado publicó el 5 de octubre la Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre, que regula la solución pública de facturación electrónica. Entró en vigor al día siguiente, el 6 de octubre de 2026, y con ella empieza a correr el reloj de la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales.

Era la pieza que faltaba. El Real Decreto 238/2026, publicado en marzo, ya definía cómo funcionaría el sistema, pero dejaba su aplicación en suspenso hasta que Hacienda aprobara esta orden. La propia norma lo deja claro en su disposición final única: su entrada en vigor da inicio al cómputo de los plazos.

Las empresas y profesionales con un volumen de operaciones superior a 8 millones de euros tendrán que emitir factura electrónica a partir del 6 de octubre de 2027. Para el resto, incluidos autónomos y pymes, la obligación llegará el 6 de octubre de 2028.

El umbral de 8 millones se calcula sobre el volumen de operaciones del año natural anterior, según el artículo 121 de la Ley del IVA.

El Real Decreto 238/2026 prevé además tres regímenes transitorios ligados a este calendario. Las empresas grandes deberán acompañar sus facturas electrónicas de un PDF legible durante su primer año, salvo que el cliente acepte no recibirlo. Los autónomos y entidades en atribución de rentas de hasta 8 millones tendrán un año más de margen para informar del estado de sus facturas.

La obligación alcanza a todo empresario o profesional que ya esté obligado a facturar, cuando su cliente sea otro empresario o profesional establecido en España. Es decir, al grueso de las operaciones B2B nacionales.

Quedan fuera las ventas a particulares, las operaciones con clientes no establecidos en España y las facturas simplificadas, salvo las cualificadas, en las que figura el cliente empresario. El Real Decreto excluye también al operador del mercado eléctrico, al del mercado de gas y las cámaras de compensación de IATA.

La orden concreta la herramienta que gestionará la Agencia Tributaria. Es gratuita y cumple tres funciones: permite emitir facturas, sirve de puente entre plataformas y actúa como Repositorio universal .

Sus claves, según la Orden HAC/1028/2026:

• Un único formato. Las facturas que pasen por la solución pública deben seguir el modelo europeo EN16931 en sintaxis UBL (artículo 3).
• Formulario web o servicios web. Quien emita desde la solución pública lo hará con un formulario de la AEAT, factura a factura. La interconexión y el envío masivo irán por servicios web (artículo 5).
• Acceso con certificado o Cl@ve. Los formularios admiten Cl@ve; los servicios web, certificado electrónico. Un asesor puede actuar en nombre de su cliente si figura como apoderado (artículo 11).
• Sin anexos. Las facturas y copias que lleguen a la solución pública no pueden llevar ficheros incrustados (artículos 3 y 4).
• Un código único por factura. Se forma con el NIF del emisor, la serie y número y la fecha de expedición (artículo 6).

Las empresas no están obligadas a usar la herramienta de Hacienda. Pueden seguir trabajando con su plataforma privada, pero esta deberá enviar a la AEAT una copia fiel de cada factura, en UBL, en el mismo momento de emitirla. Esa copia irá marcada con un «indicador de copia» (artículo 4 de la orden).

Si la AEAT rechaza la copia por errores, la factura original sigue siendo válida, pero hay que corregir el fallo y volver a enviarla. Y si la solución pública cae más de 24 horas por problemas técnicos, habrá cuatro días hábiles para ponerse al día (artículo 5).

Las plataformas privadas tendrán además que conectarse entre sí de forma gratuita y recuperar automáticamente las facturas que sus clientes reciban a través de la solución pública (artículo 9 de la orden y artículos 8 y 9 del Real Decreto).

Es la novedad que más va a notar el departamento de cuentas a pagar. El destinatario deberá comunicar a la solución pública si rechaza una factura y, si no, la fecha en que la paga por completo y la fecha de vencimiento del plazo de pago (artículo 7 de la orden). El plazo es de cuatro días naturales, sin contar sábados, domingos ni festivos nacionales (artículo 12 del Real Decreto).

Si no hay rechazo, se presume que la factura está aceptada. Y la orden añade un alivio: cuando la factura ya recoge una fecha de pago anterior o igual a su fecha de expedición, y coincidente con la fecha de la operación o de devengo, la obligación de informar del pago se da por cumplida (artículo 7.4).

La razón de fondo es la morosidad. Con estos datos, la Administración podrá medir cuánto tarda cada empresa en pagar a sus proveedores, y la AEAT enviará cada año al Observatorio Estatal de la Morosidad Privada la información para elaborar el listado de empresas que incumplen los plazos legales.

Un año pasa rápido, sobre todo para las empresas grandes. Estos son los primeros pasos razonables:

1. Calcular el volumen de operaciones para saber si el plazo es octubre de 2027 o de 2028.
2. Revisar el software de facturación: si genera ficheros estructurados (UBL, CII, Facturae o EDIFACT) y si puede enviar la copia fiel a la AEAT.
3. Decidir la vía: plataforma privada, solución pública o una combinación de ambas.
4. Preparar la recepción: definir quién acepta o rechaza facturas y cómo se comunicarán los pagos en cuatro días.
5. Convertir la adaptación normativa en una palanca de eficiencia. La revisión del circuito de facturas ofrece una oportunidad para automatizar la captura y la validación, agilizar los flujos de aprobación y reforzar el control sobre los vencimientos. La normativa fija el punto de partida; cada empresa decide hasta dónde quiere optimizar sus procesos.
6. Vigilar la Sede electrónica de la AEAT, donde se publicarán las especificaciones técnicas definitivas.

La factura electrónica obligatoria no es solo un cambio de formato. Obliga a revisar cómo entra cada factura de proveedor, quién la valida y cuándo se paga. Por eso es también una oportunidad para ordenar el ciclo de cuentas a pagar.

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Eso se traduce en tres ventajas concretas de cara al nuevo marco:

• Menos tareas manuales en la recepción, justo cuando aumentan las obligaciones del destinatario.
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Fuentes oficiales

• Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre (BOE-A-2026-20587). BOE núm. 247, de 5 de octubre de 2026.
• Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo (BOE-A-2026-7295). BOE núm. 79, de 31 de marzo de 2026.